Cita en Ensayo de César Cansino

©El transfuguismo en México y otras patologías







El presente ensayo forma parte del libro: L.E. Ríos Vega (coord.), El transfuguismo electoral: el caso de México, México, Universidad Autónoma de Coahuila, 2012

1. El transfuguismo como objeto de estudio

La expresión “transfuguismo político” más que un concepto especializado acuñado por las ciencias sociales para referirse al fenómeno del paso o el tránsito inmoderado de actores políticos de un partido a otro por razones pragmáticas o por convenir a sus intereses, es un adjetivo que suele emplearse popularmente para señalar y descalificar a ese tipo de políticos por carecer de principios y valores sólidos y moverse oportunistamente de un partido a otro. En ese ámbito de referencia más popular que científico, al transfuguismo político también se le conoce como “malabarismo político” o “trapecismo político”, expresiones igualmente sarcásticas para referirse a una práctica mal vista socialmente aunque cada vez más frecuente entre los políticos profesionales.

Como fenómeno presente en muchas democracias, el transfuguismo también ha sido objeto de análisis de las ciencias sociales, aunque con poco éxito. En uno de los escasos ensayos dedicados al tema, se define como “La acción de un militante, adherente, simpatizante o miembro de un partido político de abandonarlo para incorporarse a otro”.[1] Según este mismo estudio, el transfuguismo es más frecuente en sociedades con poca tradición democrática, aunque también puede ocurrir en democracias maduras.

Sin embargo, esta definición es imprecisa, porque si el transfuguismo ha de responder a las características con las que suele asociarse popularmente, debe incorporar al menos un elemento: que el político que abandona un partido para integrarse a otro lo hace en la perspectiva de obtener un beneficio personal, como ser postulado como candidato a un cargo de elección popular u ocupar un puesto de dirección en su nuevo partido, cuestiones que en su antigua organización quizá estaban fuera de su alcance. Es decir, el transfuguismo tiene un elemento de oportunismo y pragmatismo nacido de un cálculo individual por parte del tránsfuga según el cual podrá mejorar su estatus, sus privilegios, sus intereses, sus posiciones, etcétera, en un ejercicio donde las convicciones o la congruencia ideológica del implicado es lo que menos importa. Por ello, no debe confundirse el transfuguismo con la noción más general de “movilidad política”, un concepto mucho más empleado por la ciencia política para referirse al paso de actores políticos y sus respectivos recursos (ya sea económicos, coercitivos o de influencia) desde ciertas posiciones de poder, coaliciones, grupos de influencia o partidos políticos hacia otros distintos.[2] De hecho, el concepto de “movilidad política” suele emplearse para describir este tipo de movimientos como jugadas estratégicas con el objetivo de minar un régimen o impulsar cambios en o del mismo, o sea constituye una variable interviniente en, por ejemplo, procesos de crisis de un régimen autoritario o de transición democrática. Así que mientras los móviles del tránsfuga siempre son personales, pragmáticos y oportunistas, los de la movilidad política pueden ser también ideológicos y/o estratégicos, y muchas veces son la simiente de cambios políticos de mayor envergadura. En suma, todo transfuguismo político supone movilidad política, pero no toda movilidad política supone transfuguismo. Por lo demás, el transfuguismo es una práctica exclusiva de regímenes democráticos más o menos maduros, por cuanto sólo en situaciones de pluralismo y competencia cobran sentido los cambios interesados de filiación partidista. Mientras que la movilidad política suele ser consustancial a regímenes en crisis o en transición, donde los saltos de posición de actores políticos o con capacidad de influir en los ámbitos de poder modifican o alteran la correlación de fuerzas, presionando por pactos o acuerdos inéditos.

Ahora bien, no obstante tratarse de decisiones individuales, el transfuguismo involucra a partidos políticos (los exportadores y los receptores de los tránsfugas) y, como ya dijimos, se da en el contexto de una democracia, por lo que siempre tiene consecuencias institucionales o culturales. Es lo que en las ciencias sociales se conoce como “consecuencias no intencionadas de las acciones individuales”.[3]

Así, por ejemplo, un crecimiento incontrolable del fenómeno del transfuguismo político tiene muchas veces el efecto perverso de contribuir al descrédito de la clase política en general y de desalentar la participación política de los electores en las urnas, tendencias ya de por sí alarmantes desde hace tiempo en las democracias modernas, por muchas otras razones. Es decir, el transfuguismo político no sólo ofende la inteligencia de los ciudadanos por su carga de cinismo inherente, sino que vulnera a las instituciones políticas por la inconsistencia ideológica de quienes ejercen roles de autoridad en las mismas. En virtud de ello, ha surgido recientemente en varios países una corriente de opinión favorable a que se legisle en la materia para poner algún tipo de frenos o controles a esta práctica.

Mi objetivo en este ensayo además de analizar las razones que explican este fenómeno en las democracias modernas y reflexionar sobre sus consecuencias, es discutir la pertinencia o no de legislar en la materia. Mi tesis es que pretender legislar el transfuguismo político es tan pernicioso para la democracia como el transfuguismo en sí mismo. Más aún, sostengo que sólo se puede normar el asunto en detrimento de otros principios y valores de la democracia, lo cual nos coloca en disyuntivas simplemente improcedentes. Para desarrollar esta tesis me concentraré en el caso de México, que se estrenó en democracia con la alternancia del 2000 y que desde entonces ha visto crecer de manera indiscriminada y alarmante el transfuguismo político.

Cabe señalar que un estudio empírico del transfuguismo en un caso concreto debe preguntarse por varias cosas: ¿cuáles son sus causas?, ¿qué incentivos culturales e institucionales lo fomentan?, ¿qué relaciones tiene con la competitividad y el realineamiento electoral?, ¿qué actores lo protagonizan?, ¿cómo se benefician o perjudican?, ¿con qué discurso lo justifican?, ¿cómo repercute en los sistemas de partidos, electoral y de representación política, y en la democracia en general?, ¿puede contribuir indirectamente a la disminución de otras prácticas perniciosas para la democracia, como el caciquismo, el patrimonialismo y el clientelismo?, ¿cómo lo percibe la sociedad?, ¿debe o no legislarse en la materia?


2. ¿Qué es y qué no es el transfuguismo político?

Como ya adelantamos, por transfuguismo político suele entenderse popularmente el paso o tránsito inmoderado de personajes políticos de un partido a otro por razones pragmáticas o por convenir a sus intereses personales. Como tal, el transfuguismo es una práctica propia de regímenes democráticos, o sea donde el pluralismo político es competitivo y está plenamente garantizado, pues la movilidad de los políticos de un partido a otro nace de un cálculo individual sobre cuál de ellos le puede redituar mayores beneficios en sus aspiraciones personales en una eventual contienda electoral.

No debe confundirse el transfuguismo político con la movilidad política. Si bien ambas expresiones aluden a una mudanza o movimiento por parte de un actor o grupo político dentro del sistema político, el primero ocurre exclusivamente en el subsistema partidista, y el segundo, en un ámbito mayor (como puede ser el salto de un actor político desde el respaldo a las élites gobernantes hacia la oposición activa o viceversa). Más específicamente, mientras que la motivación del tránsfuga político es posicionarse mejor en el espectro partidista para apuntalar su carrera política, el que rompe con la élite gobernante para pasar a la oposición o a la disidencia busca exhibir al régimen en sus contradicciones e impulsar cambios que considera necesarios. Obviamente, ni el tránsfuga ni el disidente tienen asegurado el éxito, pues éste depende de muchos otros factores e imponderables. Como quiera que sea, ambos movimientos tienen un ingrediente de traición para quien los encarna, ya sea al partido o a la coalición de origen, aunque sólo el segundo puede apelar a razones superiores y no sólo egoístas para justificarse. De hecho, el elemento traición es destacado por algunos especialistas, quienes sostienen que el tránsfuga es un traidor, un individuo que viola la fidelidad para con el poder, para usarlo en beneficio propio.[4] Pero si la traición ha de ser considerada en la definición del transfuguismo, se impone una consideración adicional, de tipo filosófica.

Desde cierta perspectiva vitalista, el transfuguismo no sería condenable, pues la existencia humana no puede estar encadenada a nada, o sea es libre y mudable, no puede ser fiel eternamente a una causa o ideal. El cambio, la rebeldía o la deserción son consustanciales a la existencia. De hecho, la traición siempre ha jugado un papel decisivo en la historia de la humanidad. Sin embargo, la traición sólo adopta las connotaciones negativas con las que hoy es asociada por efecto de la divulgación de textos sagrados como la Biblia. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, la traición es vista como un fenómeno negativo, un pecado, la violación de la fidelidad debida, un comportamiento ajeno a la dignidad, una de las acciones más destructivas en las relaciones humanas, una falta, un agravio a la amistad, el amor y la honestidad. Pero aún así, la traición es ambigua, a veces se perdona y a veces no. El propio Creador perdona algunas traiciones y otras las castiga cruelmente. Asimismo, hay muchas razones para traicionar: a veces se traiciona por equivocación, a veces hay arrepentimiento, aunque las consecuencias de la traición ahí queden, con sus daños y prejuicios.[5] También en nombre del bien se puede hacer el mal, piénsese, por ejemplo, en el fanatismo o fundamentalismo de ciertas religiones, o en la inquisición que practicó la Iglesia Católica para imponer su fe a sangre y hierro. Pero la herejía, tan castigada en los tiempos de oscuridad, también fue, paradójicamente, la base de la ciencia y la reflexión libre en Occidente. De hecho, el protestantismo de los siglos XVII y XVIII posibilitó la afirmación de los ideales de la tolerancia, la libertad, la igualdad y el gobierno civil. Es decir, las herejías o traiciones han motivado cambios para bien, lo cual habla de la ambigüedad de la traición. De ahí que una conciencia herética no siempre es condenable sino que puede ser la semilla de una nueva fuerza y vitalidad renovadora.

Pero esta conciencia herética no aplica para el tránsfuga, al menos en la acepción vista hasta ahora. Si para el tránsfuga no hay principios ni valores que traicionar, pues para él ser fiel a sí mismo, a sus propios intereses personales, desprovistos de convicciones superiores, es lo que realmente cuenta, para los demás su acción siempre será percibida como una traición, al menos para los directamente afectados. En otras palabras, si para una concepción vitalista, el transfuguismo no es malo per se, pues el cambio es inherente a la condición humana, para una concepción más terrenal, aunque basada en principios morales muy arraigados en Occidente, cambiar de partido por intereses egoístas sí implica traición, por cuanto la decisión carece de elementos morales o soportes éticos y nace sólo de un cálculo egoísta. Es decir, el transfuguismo no tiene nada que ver con la rebeldía, la resistencia o la fidelidad a causas superiores, como sí sería el caso de otras formas de movilidad política.

Ahora bien, no debe confundirse el transfuguismo con la acción de abandonar un partido. Muchas veces un político decide abandonar su partido de origen por intrigas internas, violación de sus derechos políticos o simplemente porque sus principios personales han dejado de ser compatibles con los del partido al que pertenece, independientemente si afecta o no los compromisos contraídos con sus simpatizantes. En estas circunstancias, el político en cuestión valorará si otro partido le resulta ideológicamente compatible para seguir desarrollándose, incluso hay ocasiones que otro partido puede permitirle hacer valer mejor sus compromisos y convicciones. En cambio, el tránsfuga siempre cambia de filiación partidista para obtener prebendas personales, faltando a cualquier compromiso contraído. Como quiera que sea, tanto el que abandona un partido como el tránsfuga se mueven dentro de los límites de su voluntad individual, libre y soberana, sin mayor restricción que la aceptación voluntaria de los principios doctrinarios, programa y estatutos de su nueva organización.

Desde una perspectiva más politológica, lo primero a destacar es que el transfuguismo tiene lugar en el subsistema de partidos, aunque desde ahí puede motivar cambios en el sistema político más general, sobre todo si los tránsfugas ocupan roles de autoridad relevantes después de saltar de un partido a otro, con lo que introduce cambios en el realineamiento electoral de los partidos;[6] es decir, el transformismo puede motivar cambios y adaptaciones en el conjunto de las estructuras del sistema político. Por ello, sistémicamente hablando, puede decirse que el transfuguismo es una fuerza social de actores políticos incentivada por las recompensas positivas que ofrecen tanto el sistema electoral como el sistema de gobierno.[7]

No sólo desde el punto de vista filosófico pueden encontrarse argumentos para justificar el transfuguismo, como el vitalismo, sino también las ciencias sociales han aportado algunos elementos, en particular ciertas perspectivas racionalistas o individualistas metodológicas. Así, apoyado en estos discursos, podría sostenerse que los tránsfugas estarían guiados e identificados por un pragmatismo, aunado a una férrea defensa de sus derechos individuales, valores fundamentales de una sociedad de libre competencia y mercado político. Desde este punto de vista, el cambio de agrupación política podría interpretarse como un acto racional por el cual se intentaría justificar el alejamiento de la organización a la que se pertenece.[8]

Siguiendo con esta lógica, cuando aquello que una empresa, organización, o partido provee se deteriora, la lealtad de sus miembros se siente amenazada. Entonces ellos pueden expresarse a través de una de dos opciones: elegir la salida o usar su voz. Así, el transfuguismo, más que una estafa, sería el cambio de convicciones políticas. Más aún, la falta de corrientes políticas organizadas en el interior de los partidos puede tener una incidencia directa y notable en el desarrollo del transfuguismo, o sea que si se cierran los canales a la voz, únicamente puede optarse por la salida o la lealtad. Puede entonces considerarse al transfuguismo como mera acción crítica resultante de la evolución ideológica del individuo y por tanto exenta de valoración peyorativa. Así, más que un traidor, el tránsfuga sería un actor racional, que evalúa costes y beneficios y selecciona la opción más racional (maximiza sus beneficios y minimiza sus costes) en su comportamiento, que de todas formas contribuye al establecimiento de una libre competencia política. Es decir, aunque el tránsfuga se asemeje en primera instancia a un sujeto egoísta, en realidad su pragmatismo contribuye a la defensa de los derechos individuales y mantiene los cimientos de la sociedad. Pero además, desde la lógica del individualismo metodológico, el tránsfuga puede aceptar sin problemas su papel de traidor, por cuanto es una especie de free rider (viajero sin boleto) que se beneficia de toda una infraestructura organizativa estatal y partidista que le permite disminuir sus costos notablemente, y sería estúpido no aprovecharlo.

Obviamente, desde perspectivas racionalistas de este tipo podemos explicar y hasta justificar las acciones del tránsfuga, pero de nueva cuenta nos alejan de las percepciones sociales o populares dominantes, o sea sólo pueden emplearse a costa de violentar el sentido común. Por eso, en este punto como en la vida misma, las ciencias sociales deben ajustarse a las creencias y percepciones socialmente aceptadas y no al revés, como quisieran muchos científicos que habitan en sus torres de marfil sin contacto con la realidad.[9]

En suma, que el transfuguismo sea una acción racional, nacida de un cálculo interesado motivado por los incentivos que el propio sistema electoral y de representación provee a los tránsfugas, o que la acción del tránsfuga reafirme indirectamente los valores de libertad política consustanciales a una democracia liberal, no supone que el tránsfuga esté exento de valoraciones negativas que califiquen su acción como una traición originada en su falta de compromisos y convicciones ideológicas y políticas, independientemente de que el tránsfuga pueda mantener o no las lealtades de sus seguidores en su nueva agrupación.


3. El transfuguismo político en México

El actual gobernador del estado de Guerrero, Ángel Rivero, militó toda su vida adulta en el PRI (Partido Revolucionario Institucional), incluso, no hace mucho, ya había sido gobernador interino por ese partido en la misma entidad, amén de haber ocupado varios cargos directivos en el seno de su organización. Para las elecciones que lo llevaron a la gubernatura actual, el PRI no lo designó como su candidato, por lo que Rivero decidió acercarse al PRD (Partido de la Revolución Democrática), el cual resolvió postularlo como su candidato. En las elecciones Rivero se llevó el triunfo con lo que hoy representa al PRD pese a que todas sus relaciones y afinidades políticas permanecen en el PRI. En los hechos, Rivero es un tránsfuga que se vio beneficiado con su decisión, y al ser electo gobernador motivó un realineamiento electoral en la entidad, es decir su acción individual tuvo consecuencias estructurales. Historias como ésta se dan por decenas en México desde que el pluralismo se volvió competitivo y la alternancia presidencial del 2000 marcó el fin de la larga era autoritaria del viejo régimen.

Siguiendo este ejemplo como patrón, el transfuguismo en México ha adoptado las siguientes características en poco más de una década de democracia:

1. El transfuguismo político se ha venido intensificando desde que el pluralismo se volvió competitivo durante la larga transición que condujo al país a la democracia. Dado que en el régimen autoritario siempre existió una enorme inequidad entre el partido oficial, el PRI, y el resto de los partidos, en términos no sólo competitivos sino de sus bases y cuadros, la mayoría de los casos de transfuguismo han ocurrido desde el PRI a los demás partidos, siendo excepcionales los casos contrarios, o sea que buena parte de los candidatos de los partidos, a parte de los del PRI, a ocupar cargos de representación popular en todos los niveles han sido expriistas, quienes han visto en el transfuguismo una oportunidad para seguir con éxito sus carreras políticas. Desde este punto de vista, la transición a la democracia también puede ser interpretada como un proceso mediante el cual la fuerza centrípeta del PRI pasó a ser centrífuga.[10]


2. En muchas partes donde se ha dado la alternancia, ya sea a nivel municipal o gubernamental, el transfuguismo ha sido decisivo, o sea que muchos candidatos expriistas pudieron capitalizar su reconocimiento público bajo las siglas de un nuevo partido, con la consecuencia de que estos partidos pudieron afirmarse en el espectro partidista. Por ello, el transfuguismo de priistas a otros partidos es una característica inherente del proceso de transición democrática en México, aunque suele ignorarse o subestimarse. En suma, los partidos no priistas han sabido aprovechar el transfuguismo de expriistas que se incorporan a sus filas para incrementar sus posiciones y hacerse de más y mejores cuadros profesionales.


3. Como fenómeno propio de la democracia, el transfuguismo debe ubicarse a partir del año 2000 o un poco antes a nivel local en experiencias aisladas de alternancia. De ahí que las fracturas precedentes de la coalición dominante ocurridas durante la transición así como la escisión de la misma de grupos muy importantes como La Corriente Crítica, que decidió abandonar al PRI en 1987, no son expresiones de transfuguismo político sino de lo que aquí he llamado movilidad política. De hecho, dichas escisiones fueron decisivas en la ulterior crisis del viejo régimen y su reemplazo por uno democrático.


4. La movilidad política durante la transición no sólo acompañó a la fragmentación y ruptura de la coalición dominante sino que modificó la correlación de fuerzas entre el partido oficial y la oposición, por la vía electoral. Como se sabe, el régimen de partido hegemónico obstaculizaba la formación de partidos políticos y cooptaba a los políticos profesionales de la sociedad, pero, una vez que la cohesión de la clase política comienza a fragmentarse, se abre un camino inédito de “concertacesiones” y reformas con los partidos emergentes y se establece un puente entre la oposición y el régimen. En ese contexto, la movilidad de actores políticos desde el PRI a la oposición puede considerarse como aceptable e incluso hasta benéfica, pues acentuó la crisis terminal del régimen autoritario, gracias a la afirmación del pluralismo y la competencia, necesarios para una democracia. Pero una vez concretada la alternancia en el 2000, la movilidad de actores políticos perdió esta cualidad y pasó a ser perjudicial para la incipiente democracia, pues en lugar de fortalecer a los partidos y la representación, los deslegitima irremediablemente


5. El transfuguismo en México de expriistas se ha venido incrementando desde que el PRI pasó a ser oposición en 2000 y se cerraron opciones a su militancia, por lo que migraron a otras fuerzas que les ofrecían mayores posibilidades de proyección personal. En la práctica, aunque con variantes, los expriistas tránsfugas se han mantenido consecuentes con el viejo lema del priismo que consideraba a la política como una rueda de la fortuna: “a veces estás arriba, a veces estás abajo, pero siempre hay que estar adentro, para seguir viviendo del presupuesto”. La diferencia es que ahora, para “seguir adentro” de la política y seguir viviendo del presupuesto había que buscar otros horizontes partidistas. De algún modo, los tránsfugas expriistas han sido fieles a su ideario priista original.


6. El incontenible y creciente transfuguismo de expriistas distinguidos ha minado al PRI y fortalecido a otros partidos receptores de tránsfugas, pero ni el PRI ha sucumbido con ello ni los otros partidos tienen asegurado su éxito, si acaso todos han debido renovar sus argumentos para justificar este fenómeno y salir lo menos raspados en el intento. Para unos, los tránsfugas son traidores de los ideales legítimos y las causas populares que enarbola su partido, y para los otros los tránsfugas son políticos que han optado por romper con el pasado autoritario para sumarse a las filas de la auténtica democracia. Pero como quiera que sea, siempre permanece un estigma para con los tránsfugas, percibidos como políticos de convicciones relajadas que se acomodan a todo.


7. En la práctica el transfuguismo en México ha sido tan oportunista que en lugar de fortalecer al sistema de partidos, en su legitimidad y grado de competencia, lo vulnera, por cuanto se percibe como un conjunto de acomodos convenientes para todos los partidos. Además, el transfuguismo mina la credibilidad de la democracia, pues los partidos quedan exhibidos como pragmáticos y sin convicciones, algo mal visto por la sociedad; lo mismo puede decirse de las alianzas y las coaliciones entre partidos ideológicamente antagónicos. El resultado es una democracia desacreditada, gobernada en los hechos por una nueva partidocracia, igual de ambiciosa y cínica que el partido hegemónico de la era autoritaria.


8. La pérdida de credibilidad de los partidos receptores también ha motivado, aunque todavía de manera muy aislada, que ellos mismos se conviertan en proveedores de tránsfugas, abonando al descrédito del sistema representativo en su conjunto, siendo ésta una de las consecuencias no intencionadas del trasfuguismo. Sin embargo, si este fenómeno ha prosperado ha sido también gracias a la complicidad de la sociedad que en lugar de castigarlo no votando por los tránsfugas, muchas veces los respalda y legitima, o sea que el transfuguismo no sólo responde a cuestiones estructurales, como el conjunto de estímulos asociados con el ejercicio del poder público, sino también culturales, muy arraigados socialmente.


9. Dado que el transfuguismo se ha extendido a todos los partidos, aunque predomina el de políticos priistas hacia las otras fuerzas políticas, se pueden establecer diversas gradaciones del fenómeno dependiendo de las distancias ideológicas entre los partidos. Así, por ejemplo, es más grave en términos de inconsistencia ideológica el tránsfuga que salta del PRI, partido socialdemócrata o de centro moderada, al Partido Acción Nacional (PAN), partido demócrata liberal, de derecha y católico, que el que lo hace del PRI al PRD, partido de izquierda socialdemócrata. Pero más grave aún es el tránsfuga que salta del PAN al PRD, o sea de la derecha a la izquierda, o viceversa, pues al menos en el papel son partidos ideológicamente antagónicos.


10. El transfuguismo desde el PRI a otros partidos en contextos regionales ha sido un factor decisivo para el realineamiento partidista y el nivel de competitividad electoral, amén de otros factores como la propia fragmentación del PRI. A su vez, el transfuguismo a nivel regional tiene una buena explicación en el declive del corporativismo como eje articulador del quehacer político local. Finalmente, el transfuguismo genera una baja institucionalización del sistema de partidos en las entidades y una exigua calidad de la representación política.[11]


11. El transfuguismo en México no sólo se explica por la ambición de los tránsfugas, sino que responde a una descomposición paulatina de un partido hegemónico que se sostenía en el poder mediante fraudes electorales y una férrea disciplina de sus militantes (existían alternativas, pero marginales), lo que motivó a construir un pluralismo mediante el transfuguismo. Asimismo, aunque es innegable que varios tránsfugas lo son por oportunismo electoral, también ha habido una gran incoherencia programática de los partidos que estimula el transfuguismo. Por ello, este fenómeno se percibe en México de manera todavía ambigua, cosa que no ocurre en democracias maduras donde es muy mal visto y severamente castigado por los electores.


12. Además, visto culturalmente, el transfuguismo también sería ambivalente en México. Por una parte refuerza la idea de que los mexicanos somos un pueblo de convicciones relajadas, como resultado de su ambivalencia de origen, pero también, en tiempos recientes, como un pueblo que se rebela al yugo, mediante escisiones y rupturas.[12] Pero, como hemos dicho, no debe confundirse el transfuguismo con las rupturas y escisiones que ocurrieron de manera aislada en la era autoritaria. De hecho, el transfuguismo es una condición de la democracia, mientras que las rupturas son propias de regímenes autoritarios. En México sólo puede hablarse de transfuguismo muy a finales del siglo XX, con la transición democrática.


13. El transfuguismo en la era democrática no tiene nada que ver con la movilidad política de antaño, nacida de una confrontación de ideas e ideales, como lo fue, por ejemplo, el desprendimiento cardenista del PRI o la escisión "forista" del PAN. Lo que hoy presenciamos es un ejercicio llano de transfuguismo por cálculos fundamentalmente personales. Realismo laboral en su estado puro. Para los tránsfugas, el gobierno es un botín que alguien ganará y por eso hay que alinearse en las filas del triunfador. Lo que prevalece es la tendencia acomodaticia, invocan a lo que ellos llaman “sus convicciones profundas”. Y en su nombre buscan nuevos horizontes.


14. El transfuguismo es síntoma de algo más grave aún: la ausencia de referentes ideológicos mínimos en un país dominado tradicionalmente por una cultura desprejuiciadamente pragmática. Una de las grandes ventajas del viejo sistema político es que siendo autoritario carecía de ideología fija, por eso fue menos opresivo y flexible. Las ideas han sido lo menos importante para la formación de la clase política. En este país el poder ha sido un fin en sí mismo. Por eso, de algún modo, el transfuguismo que hoy vemos es una continuación de esa cultura priista, que en la ausencia de ideas era una ventaja para saltar de un grupo al otro. Desde esta perspectiva, el problema no son los oportunistas, pues esos los ha habido siempre, sino que los partidos son cascarones carentes de ideas, auténticas oficinas de colocación. El juego político democrático no ha consistido en ganar las elecciones para conducir la historicidad del país, sino para instalarse en el gobierno.[13]


15. Con todo, el transfuguismo sigue generando la alternancia vía elecciones competitivas. Pero su persistencia ha vuelto cada vez más patológica la vida política, ha puesto en crisis el sistema representativo, y el sistema de partidos se transforma sustancialmente en una partidocracia. En suma, la democracia se deslegitima abriendo el camino a su eventual colapso a manos de líderes populistas y/o anti-políticos. En otras palabras, el transfuguismo muestra no sólo la inestable democracia interna de los partidos, sino también los límites de la propia democracia representativa, la miseria de la representatividad de los elegidos y la generalizada corrupción del quehacer político.


16. Con el transfuguismo también está en cuestión la propia calidad o alcance de la alternancia, pues ahí donde un tránsfuga logra ocupar un cargo de representación popular como candidato de un partido que por esa vía conquista el poder y propicia la alternancia, casi siempre formará su gabinete con personas de su confianza vinculadas más con el partido de origen que con el que lo postuló. Es decir, la alternancia se vuelve algo más formal que real, amén de que se inhibe la recirculación de los cuadros políticos y el recambio generacional de los mismos.


17. El transfuguismo puede tener, como efecto colateral, el fortalecimiento de la oposición. Si bien es cierto que su práctica es reprobable, sus partidarios siempre encuentran pretextos para justificarlo. De hecho, el contenido y las formas del transfuguismo varían de una elección a otra. En el pasado el PRI podía en ciertos casos reciclar a sus ex militantes, pero ahora eso es prácticamente imposible. Las lealtades partidistas se premian cada vez más, y las deslealtades son cada vez más repudiadas por los propios militantes.


18. El transfuguismo, sin embargo, no debería ser una práctica recurrente de la política. La formación de cuadros dirigentes, el reclutamiento político y la programación ideológica son tareas permanentes de los partidos políticos. El predominio del poder invisible en los partidos estimula la partidocracia y el transfuguismo, una representación política sustentada en la repartición de prebendas sólo puede generar involuciones democráticas.


19. En suma, el transfuguismo pone en evidencia varias cosas: ausencia de un sistema de partidos fuerte, o sea con partidos institucionalizados; crisis de la representación política; ausencia de vías institucionales de comunicación e información entre representantes y representados; escaso desarrollo y fomento de una cultura política basada en el pluralismo y la diferenciación ideológica; escasa cohesión programática e ideológica en las organizaciones partidistas; marcado pragmatismo que lleva a los partidos a convertirse en maquinarias electorales antes que en expresión de la diversidad de intereses sociales; débil arraigo social de los partidos con la consecuente movilidad partidista electoral; y cambios en la oferta electoral donde lo que importa son los candidatos más que los partidos o sus líneas programáticas.[14]


20. A lo anterior hay que sumar las ambigüedades normativas prevalecientes en materia electoral y de partidos, que de algún modo apuntalan el transfuguismo, ya sea por ausencia de sanciones rígidas a los partidos que violentan la ley, ya sea porque no existe una ley de partidos que regule pormenorizadamente las actividades y características de los mismos, ya sea porque otorga amplias prerrogativas y privilegios a los partidos, ya sea porque carece de medidas de contrapeso a los partidos o para exigirles que se responsabilicen ante la sociedad, como podrían ser la revocación de mandato, la reelección continua, la iniciativa popular y otras formas de democracia directa, entre otras muchas opciones. Pero una cosa es la permisividad de la ley, que alienta indirectamente el transfuguismo, con todo y sus consecuencias negativas para la democracia, y otra muy distinta es legislar sobre la materia de manera directa, introduciendo candados y obstáculos al transfuguismo, lo cual sería, como trataré de demostrar en el siguiente apartado, contradictorio con la propia democracia.


4. ¿Legislar o no legislar?

Una manía —y una desgracia— del Poder Legislativo en México (o mejor, de los partidos con representación en el mismo) ha sido la de legislar con una visión cortoplacista, como queriendo apagar incendios con cubetas, aquejado por la coyuntura, sin más horizonte que el presente. No voy a repetir aquí lo que he sostenido en muchas otras partes sobre la apremiante necesidad de una reforma integral a la Constitución que permita actualizar en clave democrática todo el andamiaje normativo e institucional del país,[15] pero sí insistiré que en ausencia de dicha reforma del Estado, todas las reformas aisladas que se aprueben serán inútiles e insuficientes para apuntalar a nuestra democracia y superar el actual estado de defección que la aqueja a apenas una década de ser estrenada. En esa perspectiva, el reto no es reconocer focos de peligro y buscar soluciones normativas aisladas a cada uno, sino tener una visión de conjunto y la voluntad política para edificar un auténtico Estado de derecho a la altura de los enormes desafíos que supone construir la democracia después de la larga noche autoritaria.

Huelga decir que en el México postautoritario no sólo no ha existido esa voluntad política sino que prevalece un sistema de incentivos muy rentables derivados de ocupar el poder público que simplemente desalientan a los partidos a avanzar en esa dirección. Por ello, seguimos instalados en el cortoplacismo y el gradualismo en lo que a reformas legislativas se refiere, con la consecuencia de avanzar hacia un régimen a medio camino entre el autoritarismo y la democracia, un auténtico híbrido institucional que ha terminado por dar por normal lo que en realidad son perversiones de la democracia, como la existencia de un presidente advenedizo o de una partidocracia sin contrapesos efectivos.[16] Por ello, no hay reforma que alcance sino es para dar pena o de plano para hundirnos todavía más. Ahí está, por ejemplo, la insufrible reforma electoral de 2007 que en lugar de apuntalar la democracia electoral la mancilla, imponiendo restricciones a la libertad de expresión; o la reforma política que actualmente se discute en el Congreso que de tantas modificaciones cautelares y candados aplicados por los partidos dejó de ser tanto reforma como política.

A continuación me referiré a ambas reformas para colocar en perspectiva la actual discusión sobre las iniciativas que hoy existen para frenar de algún modo el transfuguismo y evitar así sus consecuencias nocivas para la democracia electoral.

El mejor ejemplo de una reforma enferma de coyuntura es la electoral de 2007, o sea una reforma tan cortoplacista que muy pronto exhibió sus inconsistencias y despropósitos. En efecto, las modificaciones introducidas entonces proponían mecanismos legales para revertir e impedir en el futuro los errores y los excesos que se presentaron en ocasión de las elecciones federales del 2006 y que pusieron en riesgo la contienda y dañaron la imagen del Instituto Federal Electoral (IFE) en lo que a su credibilidad y eficacia se refiere. Así, por ejemplo, según consta en la exposición de motivos de la iniciativa de cambios constitucionales en materia electoral, los partidos detectaron los siguientes puntos débiles a partir de los comicios federales del 2006: un excesivo protagonismo de los medios de comunicación en los procesos electorales con el afán de influir en los resultados en sintonía con sus intereses particulares; un uso excesivo de descalificaciones y denuestos entre partidos y candidatos fuera de las reglas elementales de la convivencia entre adversarios; un gasto excesivo de los partidos en la promoción de sus campañas en los medios de comunicación; una desmesurada exposición mediática de actores políticos con recursos públicos en tiempos electorales y que influían en los resultados; una intervención mediática no controlada de la iniciativa privada a favor o en contra de ciertos partidos o candidatos; un Consejo General del IFE cuya eventual inexperiencia pudo poner en riesgo la credibilidad de los comicios. Adicionalmente, haciendo eco de una percepción dominante entre los ciudadanos, los partidos coinciden en que los tiempos y los gastos de las campañas eran excesivos.

En correspondencia con este diagnóstico de coyuntura, las reformas electorales del 2007 buscaban frenar estos potenciales nudos de conflicto. Así, por ejemplo, se establecen facultades al IFE para evitar mediante sanciones estrictas que los medios y la iniciativa privada vuelvan a tener un papel demasiado activo durante las campañas; se impide que el Presidente de la República, los gobernadores y los alcaldes hagan publicidad durante las campañas; se establece que el IFE administre los tiempos del Estado en los medios para que los partidos y los candidatos difundan sus propuestas, al tiempo que se prohíbe la contratación de espacios fuera de los tiempos oficiales; se establece que la publicidad de los partidos no podrá contener expresiones que “denigren” a las instituciones y a los propios partidos o que calumnien a las personas; se reducen los gastos y los tiempos de campaña y precampaña; se establece un mecanismo de renovación escalonada de los miembros del Consejo General del IFE.[17]

Como se puede observar el sentido y la orientación de estas reformas está directamente conectado con la coyuntura, o mejor con la lectura que los propios partidos hicieron acerca del proceso electoral de 2006. En principio, proceder así es normal y lógico, pues toda reforma responde a una serie de circunstancias percibidas como negativas y susceptibles de corregirse. El problema está más bien en que la coyuntura no siempre es el mejor rasero (o cuando menos no el único) para introducir cambios normativos de largo aliento, cambios con una perspectiva de larga duración y que abonen de manera eficaz e inequívoca a la maduración y la consolidación de la democracia electoral sin necesidad de someter a examen periódico sus reglas cada vez que la realidad muestre cuán insuficientes son. Más aún, mirar con el prisma de la coyuntura implica muchas veces mirar exclusiva o primordialmente desde los agravios y los posibles resarcimientos particulares o de grupo, quedando en segundo término los intereses superiores y de largo plazo, que son los de la nación en toda su heterogeneidad y diversidad. Por esta vía, los remedios terminan siendo casi siempre tan coyunturales como el propio diagnóstico; o sea tentativos y provisionales. Pero el problema no son sólo las omisiones. Incidir en la realidad desde una lectura ensimismada por la coyuntura también puede llevar a ciertos despropósitos o errores de apreciación; es decir a sobredimensionar algunos temas y descuidar otros, alentando soluciones drásticas o incluso contradictorias con ciertos preceptos o libertades que a juzgar por muchos no sería prudente acotar o restringir, lo cual constituye el caldo de cultivo idóneo para que los actores inconformes o directamente afectados interpongan recursos de amparo contra la ley o incluso controversias constitucionales. Por ejemplo, si se percibe que los medios incidieron en demasía en el proceso electoral, por qué no entonces regular sus contenidos en futuras contiendas. El problema es que “regular” muy bien puede confundirse con “censurar” si antes no se define claramente lo que se pretende. Huelga decir que por esta vía los artífices de las reformas —señaladamente los partidos mayoritarios— se verán enfrentados invariablemente a un caudal de críticas por una presunta extralimitación en sus funciones y atribuciones con tal de mantener sus propios intereses. De hecho, no son pocas las voces que han hablado de “partidocracia” para referirse a la actuación de los partidos con esta reforma, entendiendo por ello una perversión de la democracia en la que no existen suficientes mecanismos formales para contrarrestar o limitar el poder de facto de los partidos mayoritarios. Otras voces, por su parte, han señalado que no existen aún los incentivos necesarios para que los partidos vean disminuir sus muchas prerrogativas por la vía de reformas legales que sólo los propios partidos están facultados para introducir. Finalmente, por sus omisiones y excesos, algunos más han afirmado que la reforma en cuestión es impopular o incluso que constituye una contrarreforma electoral; es decir un retroceso en lugar de un avance. Lamentablemente, todas estas interpretaciones tienen algo de verdad. La reforma electoral presenta avances indudables, pero el peso de las omisiones y la existencia de algunos despropósitos en la misma terminan restándole fuerza y aquiescencia.

Para efectos del presente ensayo, quisiera resaltar uno de los aspectos más controversiales de la reforma electoral: la reglamentación de los contenidos de las campañas. La intención de ello es clara: evitar en el futuro campañas de denuesto que se salgan de los márgenes de lo políticamente correcto. El problema es que las fronteras entre la regulación de prácticas y conductas y la libertad de expresión suelen ser muy sutiles y siempre motivará controversias. Así, por ejemplo, reglamentar los contenidos de las campañas no puede hacerse sin imponer unos criterios muy subjetivos y endebles: ¿quién puede establecer, por ejemplo, cuando algo es “denigrante” o no lo es? Además, de acuerdo con la experiencia de muchas democracias consolidadas en el mundo, la negatividad de las campañas no es algo condenable per se. Según este criterio, corresponde sólo a los ciudadanos premiar o castigar a los candidatos por sus exabruptos o su discreción. Implícito pues en toda tentativa de regular los contenidos de las campañas para que se desarrollen según normas de respeto y prudencia, suele esconderse una concepción que subestima a los ciudadanos en sus capacidades de discernir por sí mismos sus preferencias, una concepción paternalista de la política que concibe a los ciudadanos como menores de edad. Asimismo, en caso de difamación y calumnias, ya existen los instrumentos legales para que los afectados interpongan una demanda y puedan resarcir el daño moral.

Con estas consideraciones se puede ejemplificar uno de los riesgos de reformar una ley a partir de ponderar exclusivamente cuestiones coyunturales. Por esta vía es común que se sobredimensionen algunos aspectos en detrimento de otros. El resultado puede ser acortar ciertas libertades en aras de solucionar un problema específico. Quizá la medicina puede ser eficaz, pero si causa daños colaterales graves, no hay más remedio que cambiarla. Precisamente por ello, al prosperar ahora este tipo de soluciones, no pasará mucho tiempo para que se deroguen. Ninguna democracia puede levantarse si no es en el piso firme de los derechos y las libertades individuales.

Sirva este ejemplo para mostrar la improcedencia de una reforma legal que busque desalentar o impedir el transfuguismo político. En efecto, que el transfuguismo sea un fenómeno que mine la credibilidad y la legitimidad de la democracia no significa que debe prohibirse o controlarse en automático, pues hacerlo afectaría otros derechos consustanciales a la democracia, como la libertad política o el derecho de reunión y de profesar la ideología que cada quien prefiera. Por este simple hecho, legislar en materia de transfuguismo es un despropósito contradictorio incluso con los derechos superiores consagrados en nuestra Carta Magna. Además, de nueva cuenta, se estaría pecando de paternalismo, al intentar precaver a los ciudadanos de políticos oportunistas que no saben más que acomodarse a lo que más les conviene, sin más fidelidad que a sus intereses personales. A estas alturas, una reforma paternalista termina negando a los ciudadanos su condición de ciudadanos, pues los concibe como sujetos incapaces de opinar y decidir por sí mismos de manera madura. Seguir alimentando este tipo de criterios es incompatible con la democracia. Las sociedades pueden equivocarse, pero eso no supone conculcarles su plena soberanía para decidir en los asuntos públicos. Toca a los ciudadanos y sólo a ellos premiar o castigar desde sus propias escalas de valores los excesos e inconsistencias de sus representantes, como sería el propio transfuguismo, votando o no por ellos, como debería ocurrir también con los candidatos en campaña que descalifican a sus contrincantes sin ningún reparo. Sólo desde una concepción que no escamoteé estos derechos a los ciudadanos puede construirse un auténtico Estado de derecho. En suma, legislar para prohibir el transfuguismo es una mala idea, una medicina que traería efectos negativos colaterales.

¿Qué hacer entonces? De nuevo, la solución es avanzar decididamente en reforma estructurales que apuntalen la democracia, restrinjan privilegios a los partidos y otorguen a los ciudadanos más facultades para participar en los asuntos públicos. Este era precisamente el espíritu de la así llamada Reforma Política enviada por el Poder Ejecutivo al Congreso en el 2009 y que en el camino se ha venido desdibujando, hasta convertirse en un pastiche sin pies ni cabeza. Conviene referir esta reforma porque quizá es en las actuales condiciones lo más a lo que podemos aspirar para revertir algunas de las tendencias negativas que dañan nuestra democracia y que indirectamente puedan inhibir o desalentar prácticas perversas, como el propio transfuguismo político.

Al anunciar la reforma política, el presidente Felipe Calderón la hizo aparecer como la reforma del Estado que el país requiere. Pero esto es insostenible. La reforma propuesta por Calderón es tan sólo una que mira a corregir algunos aspectos aislados de nuestro régimen político, pero no al régimen en su conjunto. Conviene pues, no confundirlas. Sólo puede hablarse de reforma del Estado en presencia de una reforma integral del andamiaje normativo e institucional que heredamos prácticamente intacto del viejo régimen autoritario y, por lo mismo, incompatible con las exigencias y necesidades de una democracia. En ese sentido, la iniciativa de reforma enviada por Calderón sólo propone cambios en algunos aspectos muy localizados, sobre todo en materia de democracia electoral, tales como reelección de diputados y senadores, segunda vuelta electoral, candidaturas independientes, iniciativa popular, reducción del número de diputados y senadores, entre otras, y se dejan de lado otros temas igualmente cruciales para apuntalar nuestra democracia, tales como el federalismo, la rendición de cuentas, la revocación de mandato, la ley de medios, una auténtica ley de transparencia, una ley de partidos, el equilibrio de poderes, entre muchos otros. Por eso debemos insistir que la reforma política anunciada por Calderón, aunque toca aspectos importantes, no es suficiente por sí sola para reformar nuestro entramado institucional ni califica para ser llamada reforma del Estado, como los voceros de Calderón han querido venderla a la ciudadanía.

Pero si exagerar las virtudes de la reforma política propuesta por Calderón es un engaño, escamotearla sólo puede hacerse desde la mentira y la simulación. Más específicamente, si la reforma de Calderón es de por sí limitada, denostarla o descalificarla para no aprobarla sólo puede hacerse desde la mezquindad política, pues en el fondo los partidos no están dispuestos a perder sus privilegios, mucho menos si hacerlo depende de ellos mismos mediante reformas como ésta. Que quede claro. Las reformas propuestas son limitadas, pero es lo mínimo de lo mínimo a lo que podemos aspirar en tiempos de cinismo político como el que padecemos. En ese sentido, el debate no es si las reformas propuestas son buenas o son malas, si son contraproducentes o no, si son técnicamente pertinentes o viables, etcétera, el tema es más bien si son necesarias o no en la perspectiva de apuntalar nuestra democracia. Ya vimos que tal y como están formuladas no son suficientes, pero eso no significa que no sean necesarias, o sea, aunque limitadas y parciales, son importantes para ir viendo un avance, comenzando por restarle privilegios a los partidos y lograr mejores equilibrios entre los poderes. Por todo ello, así como sostener que la reforma de Calderón es una gran reforma es una falacia, decir que las propuestas contenidas en ella no son necesarias también lo es. En realidad, los contenidos de la reforma propuesta por Calderón son tan básicos y elementales, que lo sorprendente es que nuestra joven democracia pueda preciarse de serlo sin haberlos incorporado hasta ahora, o sea que no hay ninguna razón, ni técnica, ni jurídica, ni arquitectónica, que justifique su ausencia. De hecho, ninguna democracia en el mundo califica hoy como tal en ausencia de tales contenidos elementales, como son la reelección de diputados y senadores, alcaldes y gobernadores, la reducción del número de legisladores, el incremento de los topes exigidos para que los partidos mantengan su registro, las candidaturas independientes, la segunda vuelta electoral, etcétera. Ninguno de estos tópicos debería estar a discusión, simplemente son indispensables. Llenarlos de objeciones y dudas técnicas sólo constituye un ardid para desecharlas.[18]

Así, por ejemplo, oponerse hoy en día a la reelección de nuestros representantes sólo puede hacerse con la intención de asegurar y preservar los caudillismos y los cotos de poder que la no reelección ha alimentado en tiempos de alternancia. La verdad es que la reelección de nuestros representantes es fundamental para conferir a los ciudadanos la capacidad de premiar o castigar a nuestras autoridades y, en esa medida, estimular a estos últimos a gobernar en tensión creativa con los ciudadanos. Si las cúpulas partidistas se oponen a esta medida es porque les sustrae capacidad para seguir manipulando clientelarmente la asignación de candidatos y curules, según la lógica que sostiene que lo que pierden los partidos lo conquistan los ciudadanos. Pero así como la reelección resulta fundamental para toda democracia, al grado que hoy es difícil encontrar democracias que la proscriben, debemos señalar que esta iniciativa es insuficiente si no se introducen paralelamente mecanismos formales para la revocación de mandato y la rendición de cuentas.

En una línea similar de preocupaciones, la iniciativa de reforma de Calderón contempla la iniciativa popular, para que los ciudadanos puedan incidir en los procesos legislativos y proponer puntos en la agenda. En primera instancia, oponerse a cuestiones tan elementales y básicas como ésta sería estúpido, sin embargo más de un “experto” o líder partidista lo hizo, en el colmo del cinismo. Por mi parte, sólo diría que la iniciativa ciudadana es una facultad indispensable para cualquier democracia moderna, y que abría que contemplar también otras prerrogativas vecinas como el referéndum y el plebiscito, instrumentos cada vez más socorridos para garantizar la rendición de cuentas y la reciprocidad.

En fin, avanzar en reformas estructurales como las referidas constituye el único camino viable para apuntalar nuestra maltrecha democracia y conjurar prácticas perversas y dañinas como el transfuguismo político. Pero me temo que no existen todavía las condiciones óptimas para ello. Aquí no hay alquimia ni magia, simplemente no existen todavía los incentivos suficientes para que los partidos políticos renuncien por la vía de reformas normativas que corresponde a ellos mismos aprobar, a algunas de las muchas prerrogativas y privilegios con los que hoy cuentan. Conviene no olvidar que la partidocracia en la que mutó nuestro sistema político después de la alternancia es una perversión de la democracia igual de nefasta y nociva que el hegemonismo de un partido que padecimos en la era autoritaria del viejo régimen.

Por todo ello, legislar en materia de transfuguismo no sólo es contradictorio con los principios y libertades fundamentales consagrados en la Constitución, sino también inútil, por cuanto sería una reforma cosmética y superficial que poco ayudaría a resolver los problemas de fondo o estructurales de nuestra maltrecha democracia. Quizá nuestro país ya perdió definitivamente el tren que podía conducirlo hacia un auténtico Estado de derecho. En lugar de ello, quizá debamos acostumbrarnos a vivir en un híbrido entre el autoritarismo y la democracia, hasta que los fantasmas de la ingobernabilidad y la violencia vuelvan a manifestarse.


5. Una pregunta final

Que el gradualismo haya sido en el pasado reciente la estrategia dominante para avanzar en la transición tiene mucho sentido. Antes se buscaba preservar al régimen priista a toda costa, como abrir cautamente la arena electoral. De hecho, la elite gobernante siempre pudo imponer a conveniencia sus preferencias y opciones en las reformas electorales, con una lógica minimalista más que maximalista. Pero esto que resulta obvio en el pasado, no tiene sentido en el presente, una vez que hemos llegado a la democracia por la vía de la alternancia. Hoy quizá haya razones que expliquen pero no que justifiquen el gradualismo como estrategia para “perfeccionar” las leyes vigentes. Si el minimalismo tuvo buenas razones en el pasado, poner al día nuestra democracia hoy para que funcione adecuadamente exige por parte de todos los actores políticos una estrategia maximalista, despojada de intereses inmediatistas o cortoplacistas. En la actualidad, una vez que ha cristalizado la alternancia y se ha dejado atrás al autoritarismo, no deberían caber posiciones timoratas y gradualistas para emprender las reformas que el país tanto necesita. ¿Hasta cuándo?


[1] J. Reniu Vilamala, “La representación política en crisis: el transfuguismo como estrategia política”, en J. Porras Antonio (ed.), El debate sobre la crisis de la representación política, Madrid, Tecnos, 1996, pp. 45-72.
[2] Para una definición del concepto de movilidad política y otros afines, remito a mi libro C. Cansino, Conceptos y categorías del cambio político, México, IEESA, 2002.
[3] J. Colomer, El arte de la manipulación política, Madrid, Anagrama, 1990, cap. 1.
[4] J. Reniu Vilamala, op. cit., p. 46. Etimológicamente, tránsfuga es la “persona que huye de una parte a otra, de un partido a otro”. Según el Diccionario de la Real Academia Española también se asocia con “mudar casaca” o “chaquetear”.
[5] Sobre este tema véase N. Bobbio, La duda y la elección. Intelectuales y poder en la sociedad contemporánea, Barcelona, Paidós, 1988.
[6] Por realineamiento electoral se entiende el cambio de la identificación de preferencias partidistas, la identificación de grupos de apoyo partidario, la continuidad y discontinuidad de etapas electorales, etcétera. Un realineamiento implica un proceso político integral de modificación regional y estadística en las preferencias electorales.
[7] Según la teoría más aceptada sobre los incentivos, son un componente central en el proceso de institucionalización de los partidos y en la configuración de las coaliciones dominantes. Los incentivos son los elementos materiales y morales que se asignan o retribuyen a quienes participan en el mantenimiento de la organización, y están condicionados por el grado de participación y los intereses que persigue cada miembro del partido. A. Panebianco, Modelos de partido, Madrid, Alianza, 1990.
[8] Véase, por ejemplo, A.O. Hirschman, Salida, voz y lealtad. Respuestas al deterioro de empresas, organizaciones y estados, México, FCE, 1977.
[9] Al respecto véase C. Cansino, La muerte de la ciencia política, Buenos Aires, Random House, 2008
[10] Debo esta idea a D.M. Velázquez Caballero, Transfuguismo político y realineamiento electoral en la sierra Mixteca de Puebla, 1989-2004. La construcción de la democracia local, Tesis para obtener el grado de Doctor en Historia y Estudios Regionales, Universidad Veracruzana, 2005.
[11] Esta es la tesis de la siguiente investigación: D.M. Velázquez Caballero, op.cit.
[12] Para documentar esta ambivalencia cultural remito a mi ensayo: C. Cansino, Entre el estoicismo y la esperanza. Un ensayo sobre el excepcionalismo mexicano, México, Océano, 2012.
[13] Como sostiene L. Curzio: “Si el autoritarismo pragmático era un fardo menos pesado, una democracia sin ideas ni referentes deja al país a la merced de una clase política cuya motivación única es apropiarse del botín por la vía que sea”. L. Curzio, “El transfuguismo político”, El Universal, México, 26 de septiembre de 2005.
[14] Al respecto véase: W. Masgo Manco, “Cambio y transfuguismo en la representación política”, 25 de julio de 2001 (www.politikaperu.com).
[15] Al respecto véase C. Cansino, El desafío democrático. La transformación del Estado en el México postautoritario, México, JUS, 2004.
[16] Al respecto véase C. Cansino y G. Nares, La fragilidad del orden deseado. México entre revoluciones, México, BUAP, 2011.
[17] Un análisis puntual de la reforma electoral de 2007 puede encontrarse en C. Cansino, El evangelio de la transición, México, Debate, 2008, cap. IX.
[18] Un análisis puntual de la Reforma Política presentada por el presidente Felipe Calderón puede encontrarse en C. Cansino y G. Nares, La fragilidad… cit., Epílogo.

Conferencia en Escuela de Sociología FDCS/BUAP

Politólogo Diego Martín Velázquez Caballero: INDISPENSABLE UN CORPORATIVISMO DEMOCRÁTICO EN MÉXICO
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By noticiaspuebla / 16 16America/Monterrey febrero 16America/Monterrey 2012 / Educación, ELECCIONES 2012 / Deja un comentario
INDISPENSABLE UN CORPORATIVISMO DEMOCRÁTICO EN MÉXICO

• La transición requiere de un cambio de reglas, afirma académico de la BUAP

El corporativismo en México generó cierta estabilidad pero fue autoritario; hoy se debe explorar más allá y democratizar las corporaciones de tal forma que generen acciones que beneficien a todos, afirmó el politólogo Diego Martín Velázquez Caballero.
Durante su conferencia Escenarios electorales 2012, ante estudiantes de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la BUAP, aseguró que el corporativismo cuando es sano permite elecciones democráticas y el desarrollo de un país.
Puso como ejemplo a Suecia, Finlandia, Dinamarca y Noruega, países que tienen organizaciones, sindicatos y partidos de masa muy importantes, con las que el Estado lleva a cabo negociaciones intersectoriales transparentes y con beneficio para todos.
El Doctor en Historia recordó que México, por tradición, ha tenido un régimen político que ha utilizado el corporativismo para llegar al entendimiento con los distintos grupos. Este sistema lo inició en la Colonia la Iglesia católica para llevar a cabo su trabajo de evangelización, y aunque con los siglos los grupos se fueron separando, continúa porque tiene estructura.
En el siglo XIX el corporativismo se abandonó por los conflictos entre liberales y conservadores, republicanos y monarquistas, federalistas y centralistas y es hasta el siglo XX cuando resurge al conformarse los sectores obrero, campesino y popular que son los que negocian con el partido de Estado.
Esta estructura permitió que el Partido Revolucionario Institucional se mantuviera en el poder durante décadas, logrando cierta estabilidad que, aclaró, no se refleja en acciones democráticas y beneficios para los ciudadanos.
Abundó que en el año 2000 con la transición política, se presentan rupturas, conflictos y los sectores y corporaciones quedan como agentes libres y empiezan a negociar con los distintos partidos políticos oprimiendo al Estado mexicano.
Velázquez Caballero resaltó que la transición requiere de un cambio de reglas de autoritarias a democráticas y éste es un proceso que no ha terminado, se requiere replantear el corporativismo porque las organizaciones son necesarias para los ciudadanos; esto implica también un cambio de mentalidad, donde los líderes, sobre todo sindicales, comprendan que no pueden eternizarse en el poder y que deben dar paso a elecciones internas democráticas.

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Transfuguismo Político ahora a nivel legislativo

Política poblana o la invasión de los “chapulines”
12 diciembre, 2011 | Sin Comentarios y Sin Reacciones
Más de la mitad de diputados de la LVIII Legislatura planean mudar su curul
El transfuguismo político asecha el panorama nacional: Diego Velázquez

Foto: Joel Merino
Joseline Santos Enríquez
@joss_santos

Aunque faltan dos años para concluir su gestión, casi la mitad de diputados que integran la LVIII Legislatura ya piensan en cambiar su curul local por una en la Cámara Baja o en la de Senadores.

Según la propia militancia del Partido Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI), de la Revolución Democrática (PRD), Nueva Alianza (Panal), Movimiento Ciudadano (MC) y Verde Ecologista (PVE), 20 de los 41 diputados participarán en los procesos internos de selección de cada institución política. Algunos no correrán el riesgo de perder la elección federal, por lo que ya se apuntan en las listas para la designación de legisladores por la vía de representación proporcional.


Foto: Joel Merino.
De ser así, el éxodo más significativo sería de los miembros de la bancada del PRI. Trascendió que de los 16 diputados, 9 ya piensan en el proceso electoral de 2012, entre ellos el coordinador del grupo parlamentario, José Luis Márquez Martínez; así como el presidente de la Comisión de Hacienda, Lauro Sánchez, quienes se apuntan para la Cámara de Diputados. Enrique Doger y Víctor Hugo Islas se disputan el único escaño en el Senado que le corresponde al Revolucionario Institucional.

En el caso de Acción Nacional, 4 de los 12 legisladores podría participar en las próximas elecciones, incluso el diputado Inés Saturnino López Ponce se inscribirá en el proceso interno de su partido este martes. De ser electo, no concluiría su gestión como tampoco lo hizo cuando fue alcalde de Tecamachalco por el periodo que fue electo (2007-2011).

En el mismo tenor, sólo uno de los 5 diputados de Nueva Alianza no tiene intención de buscar una curul federal, el resto ya se registró en el proceso interno el pasado viernes.

Al igual que sus correligionarios, Eric Cotoñeto Carmona será el único perredista que buscará la candidatura, ya que sus dos compañeros restantes permanecerán en el Congreso local.

De los 3 integrantes del grupo parlamentario del Verde Ecologista, se estima que su coordinador, Elías Abaid Kuri, concurse la candidatura por el distrito 11 con cabecera en la capital del estado.

A la par, el único diputado de Movimiento Ciudadano, José Juan Espinosa Torres, podría enlistarse para el Senado por la vía plurinominal.

De acuerdo al artículo 55 constitucional, los candidatos no podrán ser titulares “de alguno de los organismos a los que esta Constitución otorga autonomía, ni ser Secretario o Subsecretario de Estado, ni titular de alguno de los organismos descentralizados o desconcentrados de la administración pública federal, a menos que se separe definitivamente de sus funciones 90 días antes del día de la elección”; es decir, en la segunda quincena del mes de marzo.

Las listas

PRI

Enrique Doger Guerrero, Senaduría por mayoría relativa.
Víctor Hugo Islas Hernández, Senaduría por mayoría relativa.
José Luis Márquez Martínez, diputación federal por el distrito 2 con cabecera en Zacatlán.
Jorge Luis Coriche, diputación federal también por el distrito 2
Edgar Salomón Escorza, diputación federal por el distrito 5 con cabecera en San Martín Texmelucan.
Filiberto Guevara González, diputación federal por el distrito 14 con cabecera en Izucar de Matamoros.
Lauro Sánchez López, diputación federal por el distrito 2 con cabecera en Zacatlán.
David Edgardo Huerta, diputación federal por el distrito 7 con cabecera en Tepeaca.
Elvia Suárez Ramírez, diputación federal por mayoría relativa también por el Distrito 7.
PAN

Ana María Jiménez Ortiz, diputación por la vía de representación plurinominal.
Denisse Ortiz Pérez, diputación federal por el distrito 6 con cabecera en Puebla.
Antonio Vázquez Hernández, diputación federal por el distrito 3 con cabecera en Teziutlán.
Inés Saturnino López Ponce, diputación federal por el distrito 8 con cabecera en Ciudad Serdán.
PANAL

Guillermo Aréchiga Santamaría, Senaduría por la vía plurinominal.
Hugo Alejo Domínguez, diputado federal por el distrito 4 con cabecera en Zacapoaxtla.
Enrique Nacer Hernández , diputación federal por el distrito 14 en Izúcar de Matamoros.
Julio Lorenzini Rangel, diputación federal por el distrito 10 con cabecera en San Pedro Cholula.
PRD

Eric Cotoñeto Carmona, diputación federal por el distrito 4 con cabecera en Zacapoaxtla.
PVE

Elías Abaid Kuri, diputación federal por el distrito 11 con cabecera en la capital poblana.
MOVIMIENTO CIUDADANO

José Juan Espinosa Torres, senaduría por vía plurinominal.
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Foto: Joel Merino.
El transfugismo político en su apogeo

Un caso especial es el de Julio Cesar Lorenzini Rangel. En la actualidad forma parte de la bancada de Nueva Alianza, sin embargo hace unos días se registró en el proceso interno de Acción Nacional para contender por una diputación federal por el distrito 10 con cabecera en San Pedro Cholula.

Cabe recordar que las raíces del legislador son priistas, ya que en 2010 intentó obtener la candidatura a la presidencia municipal de San Pedro Cholula, cuyo escaño le correspondía al Partido Verde Ecologista, según el pacto de coalición firmado con el tricolor. Lorenzini pretendía obtener la nominación representando al partido del tucán; sin embargo Geudiel Jiménez Flores resultó el ungido.

En señal de protesta abandonó las filas del Revolucionario Institucional y consiguió la candidatura a la diputación local por Convergencia –ahora Movimiento Ciudadano-, pero al rendir protesta se registró en el Congreso como diputado de Acción Nacional, aunque su militancia partidista fue para Nueva Alianza.

Ahora, al abrirse el proceso interno del albiazul el pasado 7 de diciembre, Julio Lorenzini decidió participar aprovechando que la convocatoria permitía el registro a ciudadanos y no exclusivamente a miembros activos o adherentes.

A decir del polítólogo de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), Diego Velázquez, el “transfuguismo político”, mejor conocido como “políticos chapulines” (cuando un miembro de un partido se separa de aquel que lo llevó al Legislativo para unirse a un partido político diferente), es muestra de que “los representantes del pueblo” velan únicamente por sus intereses personales y no de la comunidad. Lo lamentable –dijo- es que la Ley se los permita.

Desde su perspectiva, el gobierno morenovallista y la actual Legislatura desaprovecharon la oportunidad de trascender con una reforma electoral de avanzada que colocara candados para aquellos políticos que buscan un espacio sin haber concluido con su responsabilidad institucional. Contrario a ello aprobaron una reforma a medias.

Por ello, el académico ponderó la importancia de crear una Ley de Partidos Políticos que avale candidaturas de servidores públicos o representantes electos únicamente si presentaron su renuncia un año antes de los comicios.

“Esta Ley legislaría la vida interna de los partidos políticos, para evitar que el transfuguismo siga siendo una de las prácticas políticas, uno de los caminos más recurrentes”, indicó Diego Velázquez.

La desbandada del gobierno federal y los estados


Foto: EEF.
Y es que el éxodo político no sólo afectará al Congreso local, sino a la administración pública federal. Aunque la Constitución Mexicana exige la renuncia de funcionarios públicos 90 días antes de la elección, los partidos políticos adelantaron los tiempos, por ende quienes se perfilen deberán renunciar en el transcurso de este mes.

En el caso de Acción Nacional los interesados en contender en los comicios de 2012 deberán registrarse a más tardar el 15 de diciembre, para entonces los servidores públicos ya tuvieron que presentar sus respectivas renuncias.

El primero en abandonar el gabinete fue el ex secretario de Hacienda y Crédito Público, Ernesto Cordero, quien busca la candidatura a la Presidencia de la República.

Al inicio del mes de diciembre renunciaron los subsecretarios de salud, Mauricio Hernández Ávila y Maki Esther Ortiz, ésta última interesada en alcanzar el Senado.

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) también sufrió bajas. El coordinador de Planeación y Centros, Julen Rementería, dejó el cargo hace 3 semanas para emprender la búsqueda de un escaño en el Senado, representando al estado de Veracruz.

Asimismo, algunas dependencias federales con representación en los estados también quedaron acéfalas, ejemplo de ello fue la delegación de la Secretaría de Desarrollo Social en Zacatecas, dónde su titular, José Ramón Medina Padilla, abandonó el puesto para ser Senador.

Quien también busca una diputación por la vía plurinominal es el ex delegado estatal de la Profeco, Mario Álvarez Michaus.

Los funcionarios federales que siguen en sus puestos pero se estima que los intercambien por candidaturas para el Senado son los titulares de las Secretarías de la Función Pública y Medio Ambiente, Salvador Vega Casillas y Juan Rafael Elvira Quesada, respectivamente.

En esa misma tendencia se ubica el Secretario del Trabajo, Javier Lozano Alarcón, quien podría dejar el cargo en próximos días para participar en el proceso interno de Acción Nacional en Puebla.

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Tema: Política

Orfise Puebla. Garrote Político

Gobierno ha utilizado al OFS como herramienta de control y castigo: Diego Velázquez
30 noviembre, 2011 | Sin Comentarios y Sin Reacciones
La ciudadanización de estos organismos disminuirá el uso irregular de los organismos valuadores, considera

Foto: EEF.
Joseline Santos Enríquez
@joss_santos

A dos semanas de reiniciar su trabajo, el Órgano de Fiscalización Superior del Estado (OFS) -responsable de verificar la correcta aplicación de los recursos públicos- promovió los primeros 7 Procedimientos Administrativos de Determinación de Responsabilidades, correspondientes al Ejercicio Fiscal 2010.

Esto luego de la inactividad laboral que se prolongó por un mes debido a que el ex titular del organismo, Víctor Manuel Hernández Quintana, enfrentaba problemas legales que lo obligaron a renunciar al cargo.

Los conflictos en el OFS evidencian que el organismo es utilizado como una herramienta que castiga a aquellos inconformes con el gobierno estatal en turno, pero a su vez ésta es permisiva con otros sujetos de revisión que avalan la administración, consideró el Politólogo de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), Diego Velázquez Caballero.

Desde su perspectiva, este tipo de entidades nació con el propósito de verificar el adecuado uso de recursos, pues “si los gobiernos fueran transparentes en sus acciones, estas instituciones serían innecesarias”.


Foto: Joel Merino.
Su origen tiene una justificación positiva, opinó, pero en el escenario ejecutante incumple con su función: “esto le ha servido a los gobiernos del estado para controlar a los presidentes municipales que lamentable en nuestro federalismo caciquil se vuelven señores feudales. Hay lideres carismáticos de 3 años que hacen de las suyas y nadie les hace nada, a menos que estén en contra de los gobiernos, entonces sí, resucitan las cuentas, resucitan los expedientes y entonces a castigar (…) hay otros municipios que no tienen dinero, que son pobres y seguirán pobres, pero con ellos si hay sanciones implacables”.

En el mismo tenor, el académico señaló que la destitución de Hernández Quintana se dio en condiciones poco claras, por ende su sucesor, David Villanueva Lomelí tiene la obligación moral de demostrar que no actuará conforme a las necesidades de las autoridades en turno, y es que cabe recordar que desde su inscripción en el proceso de selección trascendió que sería electo por su parentesco con el ex gobernador, Melquiades Morales Flores.

El planteamiento de Velázquez Caballero es que la ciudadanización de los organismos evaluadores y verificadores del uso de recursos públicos disminuiría su uso irregular, ya que universidades, ciudadanos y organismos ajenos a partidos políticos o gobiernos serían menos susceptibles a favorecer o afectar a un sujeto de revisión.

Por su parte, el nuevo titular del OFS, Villanueva Lomelí, sostuvo su intención de transparentar el trabajo en el OFS para evitar dudas sobre su imparcialidad. A razón de ello convocó a los ciudadanos a presentar quejas o denuncias sobre acciones irregulares de municipios o cualquier otro organismo cuyo funcionamiento sea financiado con recursos públicos. La emisión de quejas podría ser a través del sitio Web del OFS www.ofspuebla.gob.mx.

OFS inicia procedimientos contra 7 ediles

Este martes, el OFS e integrantes de la Comisión Inspectora dictaminaron 39 cuentas públicas, 7 de ellas enfrentarán Procedimientos Administrativos de Determinación de Responsabilidades.

Los sujetos de revisión afectados son los ayuntamientos de Santiago Miahuatlán, Soltepec, Tepatlaxco de Hidalgo, Tepexi de Rodríguez, Zapotitlán, así como el Sistema Operador de Agua Potable de San Pedro Cholula. En los anteriores casos las revisiones versaron sobre el periodo 1 de enero – 31 de diciembre de 2010.

Aunando a las mencionadas con antelación, diputados integrantes de la Comisión Inspectora determinaron que se revisaría de manera minuciosa algunas irregularidades de la administración de Petlalcingo relacionadas al periodo del 1 de enero al 8 de diciembre del 2010.

Las 32 cuentas restantes fueron aprobadas, pues no presentaron dudas sobre el uso de recursos.

Tags: ciudadanización, david billanueva lomelí, Diego Velázquez Caballero, mecanismo de control, OFS, orfise, organismo evaluador

Tema: Política

Tránsfugas

Éxodo de priistas inconformes beneficiaría a AMLO: politólogo
24 noviembre, 2011 | Sin Comentarios y Sin Reacciones
Joseline santos Enríquez
@joss_santos

El PRI podría ser la institución que pierda más por la coalición con los partidos Nueva Alianza (Panal) y el Verde Ecologista (PVE), toda vez que la falta de espacios hará que la militancia, así como sus principales cuadros abandonen sus filas y se unan a otros proyectos políticos.

Para el politólogo de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), Diego Velázquez Caballero, los partidos políticos, incluyendo al Revolucionario Institucional, tienen una crisis de identidad por lo que la conformación de alianzas no representa costos negativos, pero sí una herramienta para ganar elecciones, incluso cuando los gobiernos ya se conformen por separado o se tenga que pasar por encima de los propios militantes.

Desde su perspectiva, el tricolor en todo el país podría obtener dividendos, sin embargo en el escenario poblano el error de excluir a los priistas fomentará una desbandada o por lo menos un voto de castigo.


Foto: Joel Merino.
Bajo este contexto –estimó- el resto de las opciones partidistas aprovechará las desavenencias internas del PRI para atraer cuadros representativos y con amplio capital político, muestra de ello es que el Partido del Trabajo, que se alió con Movimiento Ciudadano y el PRD, está en busca del ex gobernador poblano Manuel Bartlett Díaz, a fin de que los represente en la elección para el Senado en 2012. Otro priista que podría sumarse al proyecto es Carlos Meza Viveros, quien ya fue invitado por Movimiento Ciudadano.

Y es que el PRI –dijo- sigue siendo la matriz de candidatos, ya que es la institución política con mayor estructura en cuanto a formación de cuadros.

De concretarse la fuga de militantes, la coalición beneficiada será la que enarbola el proyecto de Andrés Manuel López Obrador, aseveró el politólogo.

Si bien la exclusión de miembros del PRI es un factor que generará el transfuguismo (separación de su institución política), otro factor es que la falta de un primer priista dificulta la cohesión entre la militancia.

Para evitar el éxodo de la militancia, y por otro lado fomentar la adición de votos ciudadanos, la dirigencia estatal deberá renovar el discurso, construir uno que convenza y argumente los motivos por los que el PRI se sumó y cedió espacios a Nueva Alianza, cuando fue uno de los partidos que contribuyó a que el tricolor dejara de gobernar al estado.

El PRI ya no puede ir solo: Márquez

La conformación de la alianza “Compromiso por México” formada por el PRI, PVE y Panal, provocó la inconformidad de varios aspirantes del tricolor a la candidatura al Senado, quienes ya piensan en impugnar el convenio ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Tepjf); a ellos, el coordinador de la bancada priista en el Congreso local, José Luis Márquez, los convocó a respetar los acuerdos, pues el partido “ya no puede” competir solo.

En un llamado a la unidad, el legislador reconoció que al PRI ya no le alcanza el voto duro, por lo que tuvo que recurrir al sistema de coaliciones no sólo con el Partido Verde, sino con Nueva Alianza.


Foto: Joel Merino.
“Yo creo que al PRI por sí solo y con el voto duro, y ningún partido tiene un voto duro para ganar una elección eso es una realidad. Al PRI ya no le alcanza para ir y ganar elecciones en varios lugares, distritos, municipios, necesitamos ir en alianzas para poder ganar, y alianzas que te dan el voto ciudadano, alianzas que te dan un segmento de voto que no tenemos”.
.José Luis Márquez opinó que la alianza con el Panal no puede traducirse como una actitud incoherente, luego que fue uno de los partidos que promovieron la derrota del PRI en 2010, por el contrario –dijo- debe tomarse como una estrategia electoral cuyo objetivo es regresar a Los Pinos.

“Sabemos que los militantes reclaman por la alianza con el partido que nos ganó en 2010 (Panal), pero es ahí donde tenemos que sacar nuestro liderazgo, nuestra convicción para hablar con la militancia, convencerlos y decirles que hoy así lo decidió el CEN y que las alianzas ganan, prueba de ello es que la alianza del año pasado (PAN-PRD-Panal y Convergencia) nos ganó, no hay que minimizar a los partidos pequeños”.

Por lo anterior, convocó a sus compañeros de partido, que “tienen una legítima aspiración” a respaldar la decisión del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) respecto a la distribución de espacios, ya que la prioridad es sumar votos y no trabajar por proyectos políticos personales.

Zavala convoca al fortalecimiento del PRI

A la posición de Márquez se sumó Javier López Zavala, aspirante al Senado. El ex candidato a la gubernatura en las elecciones locales del año pasado reconoció que la militancia poblana se siente lastimada, no obstante consideró que la prioridad debe ser fortalecer al partido y trabajar para ganar la Presidencia de la República.


Foto: EEF.
Como miembro del CEN y de la Comisión Política Permanente –aseguró- durante la sesión donde se formó el pacto de coalición manifestó su inconformidad por ceder a Nueva Alianza la candidatura al Senado, sin embargo refirió que las opiniones personales no pesan en el partido sino las de la mayoría.

“Los poblanos que estábamos ahí comentamos que afectaba la decisión que se estaba tomando y nos dijeron que se iba a analizar y que se iba a ver en próximos días, así que estaremos esperando (…). Si fuera una decisión personal, la mía, pues yo les diría que no (es coherente), pero no es una decisión personal sino de interés del partido”.
.De este modo, para López Zavala la decisión del CEN debe respetarse, pero puntualizó que la dirigencia ha manifestado disposición de mantener el diálogo con quienes se han pronunciado en contra de la negociación con Nueva Alianza.

A razón de lo anterior, el presidente nacional del PRI, Humberto Moreira, promoverá un encuentro entre miembros la Secretaría de Organización y con los poblanos inconformes. Esta reunión podría concretarse la próxima semana, adelantó.

En el mismo tenor, trascendió que la distribución de las dos candidaturas al Senado entre el PRI y el Panal beneficiarían a Zavala, debido a que es el único con posibilidades políticas para obtener la posición, desde su punto de vista esto es falso porque “todos tienen las mismas oportunidades”, aunque puntualizó que cuenta con estructura y posicionamiento que podrían ser factores importantes para conseguir la nominación.

Tags: Andrés Manuel López Obrador, coalición con PVE y Panal, destacado, fractura en el PRI, Javier Lopez Zavala, José Luis Márquez, posiciones para el Senado, reportaje

Tema: País

Andres Manuel López Obrador

AMLO llegará muy fortalecido a elecciones del 2012: politólogo
15 noviembre, 2011 | Sin Comentarios y 3 Reacciones
Josué Mota
@motajosue

Andrés Manuel López Obrador será un candidato que llegue a las elecciones presidenciales del 2012 con mucha experiencia, muy conocido por el electorado y con muchas estrategias, aseguró el politólogo de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) Diego Velázquez Caballero, quien también comentó que la elección del candidato de la izquierda apresurará a los panistas para elegir a su abanderado o abanderada.

En entrevista, Velázquez Caballero opinó que Marcelo Ebrard sólo tiene popularidad en el Distrito Federal a diferencia de López Obrador que lleva haciendo trabajo electoral desde hace 10 años, además que en los próximos comicios la clase media podría votar diferentes a las elecciones de 2006, lo que abre la posibilidad de que el tabasqueño llegue a la presidencia de la República.

¿Qué opinas de la elección como candidato de Andres Manuel López Obrador, te parece una buena elección de la izquierda?

-Bueno, pues creo que desde que (Humberto) Moreira había declarado que el candidato a vencer era López Obrador indiscutiblemente reconocía que este personaje guardaba un liderazgo desde el 2006 y hay una amplia red ciudadana que confirma finalmente la suposición. López Obrador tiene un trabajo que viene construyendo desde hace ya una década y creo que tiene la oportunidad. Ya también el historiador Enrique Krauze señalaba que probablemente la alternancia podría darse en las próximas elecciones a través de la izquierda.

¿Crees que la izquierda llegará fortalecida al proceso electoral del próximo año?

-Creo más bien que son las coyunturas, son los desencantos con la derecha y también cierta reserva con lo que el PRI significa lo que puede hacer que López Obrado alcance finalmente la presidencia del país.

Hay una lectura que hacen algunos especialistas sobre la victoria de AMLO en las encuestas que señala que si bien podía ser el favorito para muchas personas, Marcelo Ebrard podría haber obtenido el voto útil de algunos panistas en caso de haber sido candidato, porque entre las filas del PAN no se veía tan mal a Ebrard, ¿qué opinas al respecto?

-Yo creo que López Obrador ha cambiado su imagen y creo también que la clase media finalmente ya aprendió a votar de forma estratégica, la clase media ha visto afectados sus intereses no solamente en los económico, sino también en la cuestión de la seguridad y creo finalmente ellos saben que hay una alternativa a la cual se le puede dar una oportunidad, y como Octavio Rodríguez Araujo lo ha venido señalando en algunos estudios, en algunos análisis sociológicos también a pesar frívola, cambiante de ser ambigua, también es considerada y sabe que en este momento si la derecha no puede ofrecer seguridad; el PRI tampoco puede ofrecer lo que necesita porque representa corrupción, inseguridad, pues entonces sólo hay una opción.

¿Piensas que la elección de hoy de AMLO puede determinar la elección del PAN, es decir que elijan estratégicamente un candidato para hacerle frente?

-Pienso que esto va obligar a los panistas a cerrar los tiempos a buscar un candidato que sea competitivo porque también un escenario como el que se presenta ya con López Obrador sin duda que también marca la pauta para que también pueda haber un tercera opción, y aunque Acción Nacional tiene todo en su contra sin duda, esta acción precipita a que sea un candidato fuerte que puede ser Josefina Vázquez Mota, o bien si definitivamente se decide continuar con los caprichos presidenciales y llevar esta soberbia hasta sus últimas consecuencias.

¿Piensas que esta fidelidad que muestra Marcelo Ebrard a la candidatura de AMLO es real?

-En política muchos factores juegan de una manera muy singular, de manera invisible, y por ahí hay algunos personajes que colaboran con Marcelo Ebrard, particularmente en la Gobernación, ahí en el gobierno del Distrito Federal que muestran cierta cercanía con (Ernesto) Cordero y con el presidente de la República, además de que también en el gobierno del Distrito Federal ya la izquierda parece también estar agotada, probablemente en el Distrito Federal vamos a ver algo como lo que sucedió en Michoacán y por eso Marcelo Ebrard sabe que tiene que reconocer un trabajo que López Obrador ha venido haciendo desde hace una década y que se incrementó a partir de las elecciones de 2006 y el trabajo es nacional en comparación con la mercadotecnia que sólo hace efecto en la Ciudad de México.

¿Consideras que lo que ocurrió en Michoacán es un termómetro de lo que podría ocurrir en las próximas elecciones?

-Esta es una situación muy concreta; la izquierda tiene que aprender a construir candidaturas viables, también aprendizajes políticos los que los partidos viven a lo largo de su desarrollo, experiencias como las del Estado de México, como las de Michoacán obligan a hacer lo que en otros partidos cuando ocurren estos fenómenos que es combinar al candidato ganador con la marca y los grupos. De pronto a veces pedimos que los partidos sean muy democráticos internamente pero la sociología nos dice que los partidos más efectivos son los que son oligárquicos, son los que hacen una buena alianza de grupos y tienen una especie de faccionalismo colaborador y eso los lleva a ganar, cuando no sucede esto los partidos se pasan de democráticos y se presentan tan inhibidos en la competencia que el poder lo pierden, o mejor dicho las elecciones se les van.

¿Crees que AMLO pueda desde ahora y hasta las elecciones ganar el suficiente capital electoral como para llevarse la victoria?

-Creo que Moreira lo había señalado desde hace tiempo; el candidato a vencer era él, con esta aseveración creo que López Obrador cuenta con un gran capital para ser muy competitivo en las elecciones que se avecinan y creo que indiscutiblemente su liderazgo, su trabajo pueda ayudar a que tengamos unas elecciones muy interesantes en el 2012.

¿Qué tanto pesará en el electorado mexicano volver a ver la misma cara en la boleta, volver a tener al mismo candidato de hace seis años y que provocó tanto revuelo?

-Yo creo que cada elección es diferente, creo que como en otras naciones, aquí en nuestro país, el caso de Cárdenas es aleccionador, no siempre las campañas que son coyunturales tienen un efecto continúo, la gente aprende en cada elección y sin duda la sociedad a estas alturas está enterada que la campaña negra fue un mensaje que aterrorizó y sirvió como estrategia política, a pesar de eso el escenario en las pasadas elecciones presidenciales fue tan cerrado que todavía no se sabe quién ganó y quién perdió. López Obrador tiene un gran número de seguidores, él también ha cambiado y ha aprendido mucho, creo que como Cuauhtémoc Cárdenas y como otros personajes en América Latina ha modificado su discurso tiene propuestas también muy interesantes y sin duda que esta vez también se presenta un buen arsenal de estrategias bajo el brazo para responder a cierto tipo de estrategias y hoy ya no pueden atacarlo, hoy se demuestra que el peligro para México eran otros.


Tags: Andrés Manuel López Obrador, destacado, Diego Velázquez Caballero, elecciones 2012, elecciones presidenciales, Marcelo Ebrard, polítca, reportaje

Tema: Política

Reforma Electoral en Puebla

Intereses personales detrás de la reforma electoral morenovallista
27 julio, 2011 | Sin Comentarios y 2 Reacciones
En Veracruz, Oaxaca y Puebla se propusieron reformas “a modo” o parciales

Obedece a un reacomodo del escenario electoral: Diego Velázquez


Foto: Joel Merino.
Joseline Santos

A la mayoría de los mexicanos les interesa poco o nada los asuntos políticos. Consideran que los procesos electorales son demasiado frecuentes, que los legisladores toman decisiones a razón de sus intereses, incluso los partidos políticos -al igual que la policía y los sindicatos- son quienes tienen menor grado de confianza entre los ciudadanos.

Lo anterior se ve reflejado en los resultados de la Encuesta Nacional sobre Cultura Política y Prácticas Ciudadanas (Encup) 2008. Los indicadores señalan que al 60 por ciento de los ciudadanos no les interesan los temas políticos; 3 de cada 4 ciudadanos opinan que los legisladores laboran para beneficio de sus partidos.

Si bien tales tópicos son de poca importancia para los ciudadanos, en el caso particular del estado, tan sólo en una década los poblanos han observado 6 procesos electorales: 2 federales y 4 estatales.

Actualmente en el seno del Congreso Local y al interior de las instituciones políticas se discute, desde hace tres semanas, el paquete de reforma electoral que envió el gobernador del estado, Rafael Moreno Valle Rosas, al Legislativo el pasado 8 de julio.


Foto: Joel Merino.
La importancia de abordar el tema radica en garantizar que los comicios gocen de mayor transparencia, sean menos costosos, que garanticen a los ciudadanos una mejor representación y sobre todo que la frecuencia de las elecciones sea menor.

Ante este paquete de reforma electoral, el politólogo de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), Diego Velázquez Caballero, considera que los principales beneficios de impulsar una reforma de tal envergadura, son que los ciudadanos estén mejor representados, así como la reducción del gasto público, que las autoridades tengan herramientas para encabezar mejores gobiernos y que las instituciones electorales se fortalezcan para brindar mejores condiciones a la democracia en el país.

A su consideración, las modificaciones a la Constitución Local, al Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Puebla, así como a la Ley Orgánica Municipal que propuso el ejecutivo, no cumplen con tales premisas.

Debido a que en las modificaciones propuestas por el gobierno estatal no se combate el transfuguismo político o a los políticos chapulines (cuando un miembro de un partido se separa de aquel que lo llevó al Legislativo para unirse a un partido político diferente), Diego Velázquez consideró que se deja de lado la reelección de diputados y alcaldes, y no se permite la participación ciudadana como candidatos independientes.

Sin embargo, a pesar de estas deficiencias que el politólogo de la BUAP observa que no cumple la reforma política morenovallista, el debate se ha centrado en el periodo de 18 meses para el próximo gobernador, así como la homologación de elecciones locales con las federales, la cual se haría efectiva en la jornada de 2018, ya que “ninguno de estos temas son importantes, ni marcan la diferencia”, aseveró.

Por ello, Velázquez Caballero opinó que la urgencia de aprobar la reforma obedece a intereses políticos, y a un reacomodo del escenario electoral para proyectos políticos “personales”.

Ejemplo de ello es la homologación de elecciones para 2018, ya que para empatar los comicios en esa fecha, se requiere de una gubernatura de 18 meses, cuando podría postergarse este hecho para 2021, lo que representaría un mandatario de 4 años y medio.

“Más que la ley, son los intereses que se están evidenciando; la guillotina no debe depender de tiempos de intereses personales”, Diego Velázquez, politólogo de la BUAP.

Aunque la propuesta del Ejecutivo señala que la homologación es en función a las reformas constitucionales de 2007, ninguna ley obliga a los estados a empatar las elecciones locales y federales por cuestión de años, pero sí de fecha.

El articulo116 constitucional en su fracción IV inciso A, señala: “Las elecciones de los gobernadores, de los miembros de las legislaturas locales y de los integrantes de los ayuntamientos se realicen mediante sufragio universal, libre, secreto y directo; y que la jornada comicial tenga lugar el primer domingo de julio del año que corresponda. Los Estados cuyas jornadas electorales se celebren en el año de los comicios federales y no coincidan en la misma fecha de la jornada federal, no estarán obligados por esta última disposición”


Foto: Joel Merino.
Reforma poblana: diferencias con otras entidades

“A diferencia de Puebla, los estados de San Luis Potosí, Zacatecas, Yucatán, y Tlaxcala -aún en análisis-, aprobaron reformas electorales de fondo”, destacó Diego Velázquez.

Y es que en dichas entidades se transparenta la elección de los integrantes del Consejo General de los institutos locales; así como se fomenta mayor participación de la mujer en puestos de elección popular, debido a que la denominada cuota de género en candidaturas pasó del 30 al 50 por ciento. También destaca que en estas entidades se abren mayores espacios a este sector en la administración pública.

La figura de candidaturas ciudadanas y la reelección de legisladores, serán factibles a partir de la celebración de los comicios electorales inmediatos a la publicación de las reformas.

Sin embargo, en los estados dónde el partido que había permanecido en el poder perdió las últimas elecciones, como en el caso de Veracruz, Oaxaca y Puebla, se propusieron reformas “a modo” o parciales, puntualizó el académico.

Lo positivo

Para el politólogo de la BUAP, las bondades de la propuesta de reforma electoral morenovallista son “la intención de mejorar al Instituto Electoral del Estado (IEE), la fiscalización de los partidos políticos en el gasto y obtención de recursos, así como la redistritación”.

Pese a ello, ponderó la necesidad que las fracciones parlamentarias enriquezcan la propuesta, a fin de que se modifique el método para la elección de consejeros electorales.

Y es que actualmente los funcionarios son propuestos por el Congreso Local, por lo que el apoyo partidista pone en duda la autonomía del Instituto, consideró el catedrático. Asimismo, consideró que otro de los factores a destacar de la reforma electoral, son las nuevas atribuciones que se le dan a la autoridad electoral para la comprobación del uso de recursos.

Por lo que con la creación de la Unidad de Fiscalización, dijo, los partidos políticos estarían obligados a entregar informes detallados de la obtención y gasto de sus partidas; a pesar que esta tarea era una de las tantas responsabilidades del Consejo General del IEE.

Diego Velázquez confió que, en el análisis que se llevará a cabo a partir de este miércoles al interior de la Comisión de Gobernación, Justicia y Puntos Constitucionales, Reformas, se modifique la propuesta del ejecutivo, y con ello se impediría que las reformas “no dependan de la fuerza, sino de la razón”.


Foto: Joel Merino.
Las modificaciones, derogaciones y adiciones a la Constitución Local, al Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Puebla, así como a la Ley Orgánica Municipal son:

La concurrencia (homologación) de los procesos electorales locales con los federales a partir de los comicios de 2018.
Para la elección local de 2016 se elegirá a un Gobernador cuyo periodo será de 18 meses. Para el proceso electoral de 2018, la gestión del Ejecutivo estatal se regularizará a 6 años.
Los diputados y presidentes municipales electos en 2013, tendrán una gestión de 4 años. A partir de 2018 se regulariza el periodo a 3 años.
La redistritación -división geopolítica del territorio poblano- estará a cargo del IEE. El nuevo esquema será vigente en los comicios de 2013.
El método para la nueva distritación se efectuará a través de la división de la población total -según indicadores del Censo de Población y Vivienda- entre los 26 distritos que hay en el estado.
Las campañas y precampañas se llevarán a cabo durante 70 y 40 días respectivamente. En la actualidad las campañas son de 90 días para la elección de gobernador y 60 para diputados.
Creación de coaliciones (esquema contemplado en la Constitución, y ahora en la norma local, dónde varios partidos postulan a un candidato y respaldan la plataforma electoral).
Creación de la figura de candidaturas comunes (figuras jurídico-electorales dónde un candidato es postulado por varios partidos políticos, aunque no exista una plataforma electoral común).
El IEE organizará las elecciones en Juntas Auxiliares y no por los ciudadanos como en la actualidad.
Se implementa la Unidad de Fiscalización al interior del IEE. Tendrá la facultad de solicitar y revisar informes fiscales, establecerá plazos y derecho de audiencia a los partidos políticos para que den a conocer el uso de recursos.
Los partidos políticos están obligados a rendir informe sobre la obtención y aplicación de recursos ante la Unidad de Fiscalización.
Quedan prohibidas las aportaciones anónimas a los partidos políticos. La Unidad de Fiscalización podrá solicitar al IFE -previo convenio de colaboración- romper el secreto bancario, fiduciario y fiscal, para fiscalizar a los partidos políticos.
El nuevo sistema de fiscalización empieza a operar a partir de enero de 2012.
En cuanto al fortalecimiento del Instituto Electoral del Estado (IEE) las reformas puntualizan:

El periodo del Presidente y los Consejeros aumenta a siete años, excepto los funcionarios actuales quienes ocuparán el cargo por seis años.
El Congreso podrá ratificar a los consejeros, incluso a los actuales.
El Consejero Presidente pierde su voto de calidad.
Se crea la figura de Secretaría Ejecutiva, que se derivará de la unión de la Secretario de Consejo y la Dirección General. Quien ocupe el cargo será quien determine el Consejo General.
El IEE no obligará a que los candidatos a la gubernatura participen en debates.
El Consejo General del IEE tiene hasta 90 días para nombrar al titular de la Secretaría Ejecutiva, que empiezan a contra a partir de la publicación de la reforma.
Para arbitraje y justicia electoral se implementarán tres procedimientos de queja: fiscalización, especial sancionador y ordinario.

Foto: Joel Merino.
PRI cede y avala Gobernador de 18 meses

Ante el revuelo que ha generado la propuesta morenovallista de reforma electoral, y luego de la reunión que sostuvo el mandatario estatal con Humberto Moreira, líder nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), este martes la bancada priista emitió su postura referente a esta reforma: aprobarán el paquete electoral, incluido el “mini periodo” de 18 meses para el sucesor de Rafael Moreno Valle.

Y es que el presidente del Comité Directivo Estatal del PRI, Juan Carlos Lastiri Quirós, reveló que los diputados priistas avalarán el dictamen durante la última sesión del periodo ordinario, proyectada para este viernes.

A cambio de la aprobación, los dipùtados postergarán el análisis de la redistritación y la regulación para la elección de juntas auxiliares.

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Tema: Política