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DEMOCRACIA Y CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD Y ALBERTO BEGNÉ



POR URIEL NAVARRO PEÑALOZA

Alberto Begné desarrolla en su libro temas de suma importancia para los ciudadanos ya que abarcas temas centrales como la democracia, el liberalismo, pero también sobre el control de convencionalidad para hacer valer los derechos de los individuos y de las grupos minoritarios, esto permite dar legitimidad la voluntad de la mayoría, pero sobre todo permite dar legitimidad al Estado contemporáneo.
DEMOCRACIA Y CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD Y ALBERTO  BEGNÉ
DEMOCRACIA Y CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD
Las democracias contemporáneas deben de garantizar la voluntad de la mayoría (unanimidad), sin embargo al mismo tiempo deben de establecer los mecanismos e instrumentos necesarios que permitan el respeto, la tolerancia y  la defensa de las garantías de los individuos y las minorías. Nos referimos, la importancia  que juegan los derechos humanos fundamentales en las democracias, ocupando un lugar importante en la continuidad y consideradas como un conjunto de valores universales propias de todo ser humano.
Desde la finalización de la Segunda Guerra Mundial, la conciencia  sobre los derechos humanos ha ido en crecimiento por  los gobiernos y actores de la sociedad civil, Begné (2003) se refirió en este sentido que las “democracias tuvieron la necesidad de fortalecer los mecanismos e instrumentos constitucionales destinados a la defensa de los derechos y las libertades de los individuos y las minorías” (p. 27). Sin embargo, la forma de violación a los mismos  ha ido en aumento, no de las misma forma en que los sistemas autocráticos lo aplicaron, por ejemplo; mediante modelos económicos como el  Neoextractivismo y el Neoliberalismo en resumen: explotan los recursos naturales; invaden la soberanía de los países en desarrollo; buscan mercados y mano de obra barata mediante estrategias violentas y no violentas.   

Se están violando artículos enteros de la Constitución Política, en el caso mexicano, pero también la violación de Tratados Internacionales; mencionaremos algunos a continuación: de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales (Art. 22); del Pacto de Derechos Civiles y Políticos, la libre determinación de los pueblos (Art. 1), la imposibilidad de privar al pueblo de sus medios de subsistencia (Art. 2); de la carta Democrática interamericana, la responsabilidad de las autoridades de actuar con probidad, responsabilidad y respeto por los derechos sociales (Art. 4); la participación ciudadana en las decisiones relativas a su propio desarrollo (Art. 6); la promoción y observancia de los derechos económicos, sociales y culturales como consustanciales al desarrollo integral al crecimiento con equidad y a la consolidación de la democracia (Art. 13); el diálogo y la cooperación para el desarrollo integral y el combate a la pobreza en el Hemisferio (Art. 14); Art. 2 y Art. 4 de las Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Entonces, realmente ¿son eficientes  las normas jurídicas mexicanas? Aquí, damos un respuesta contúndete que  no lo son, no podemos justificar su ineficacia diciendo que no hay ordenamientos jurídicos perfectos, mucho menos decir que la sociedad tiene una cultura arraigada. Es necesario, realmente identificar quienes son aquellos representantes que no las hacen valer como tal e ir en contra de ellos, pero sobre  todo exigir  y exigirnos, no para lograr una sociedad  perfectamente democrática y  liberal, pero si para acercarse a una.
Al igual que la democracia desarrollada con anterioridad, Begné desarrolla el liberalismo político que se ocupa de la libertad política de los ciudadanos para defenderse del poder (coerción) del Estado. La idea de la libertad, se presenta como un valor político que se defiende a través de la afirmación de que los hombres inicialmente se asumen en un estado de naturaleza con la libertad perfecta para decidir sus acciones, sin depender de la voluntad de otro hombre, siempre con respeto y tolerancia. Un liberalismo que surge como un sistema coherente de ideales y metas prácticas, viendo su nacimiento en Inglaterra durante los siglos XVII y XVllI. Esto con la finalidad de arribar los problemas específicos del control de constitucionalidad y legalidad.


¿Defenderse de la coacción del Estado? efectivamente, ya que el Estado actual tiene la responsabilidad y obligación de responder las demandas sociales y la necesidad de responderlas con efectividad sin la violación de los derechos humanos individuales y de las minorías, ya que “el liberalismo heredó el principio de los límites del estado ante esos derechos y libertades del individuo” (Begné, 2003, p. 12). En esta línea las responsabilidades  del Estado frente a la sociedad tiene tres funciones básicas que son: la función de asignación, función de distribución  y la función de estabilidad. Estas tres funciones se pretenden un Estado equitativo, justo y por tanto, el bien común. (Torres  & Santander,  2013, p. 25).
Sí, el Estado no cumple con su fin del bien común, si los representantes de los diferentes poderes  (legislativo, ejecutivo y judicial) en los diferentes niveles (Federal, Estatal y Municipal) no garantizan la aplicación correcta de las leyes, en otras palabras, si las normas no cumplen con un debido proceso; en los estados democráticos y liberales los ciudadano tienen una ventaja, la de respaldarse de los mecanismos jurídicos; estos pueden ser de dos tipos, la de control de constitucional y la de control convencionalidad.
Esto significa, que a pesar de la violación de derechos humanos en los Estados no ha cesado, también, se ha luchado para contrarrestarlo; en el caso mexicano contamos con el Juicio de Amparo, Controversia Constitucional, Acción de Inconstitucionalidad,  Juicio de Revisión Constitucional Electoral y el Juicio para la Protección de los Derechos Políticos Electorales de los Ciudadanos (control de constitucionalidad); también se cuenta con el  Control concentrado de convencionalidad y el control difuso (Control de Convencionalidad).
Entonces, si el  poder público incurre en arbitrariedades y violaciones en perjuicio de los derechos y las libertades de la persona, existen instrumentos que permiten asegurar el cumplimiento de las normas establecidas en la constitución, pero también herramientas que busca el respeto y garantía de los derechos descritos en la Convención Americana de Derechos Humanos.
Bibliografía
Begné Guerra, A. (2003). Demcracia y Control de Constitucional. México: Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Torres-Melo, J., & Santander A, J. (2013). Introducción a las Políticas Públicas: Conceptos y herramientas desde la relación entre Estado y ciudadanía. Colombia: IEMP.

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